El Gobierno prorroga la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028
El Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de
lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos
vulnerables, aprobado este martes, tiene su origen en la ley de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social, aprobada por el gobierno del PP en 2013 para paliar los
efectos de la crisis económica de 2008.
Esa ley paralizaba durante dos años los desahucios hipotecarios de familias
en situación de especial riesgo de exclusión social, entre ellas, familias
numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo.
También, a familias con menores y con alguno de sus miembros en situación
de dependencia, enfermedad o una discapacidad reconocida igual o superior al 33
%, a víctimas de violencia de género y a casos en los que el deudor hipotecario
se encuentre en desempleo o sea mayor de 60 años.
Desde entonces la moratoria se ha prorrogado en varias ocasiones, la última
de ellas, a iniciativa de Podemos, en mayo de 2020, recién irrumpida la
pandemia de covid, con un decreto que no solo la extendía durante cuatro años,
sino que también amplió las posibilidades para acogerse a un mayor número de
familias.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han destacado que el texto prorroga
hasta el 15 de mayo de 2028 el contenido de ese Real Decreto Ley y que, si bien
la medida está destinada a un determinado colectivo vulnerable, "su
impacto económico general es positivo, ya que la lucha contra la exclusión
social tiene externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, al
favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social, factores fundamentales
para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que la medida no
debe limitarse a una mera ampliación temporal, sino que debe buscarse una
solución definitiva, que incluya su anotación en el Registro de la Propiedad
para evitar el "acoso inmobiliario" y la "indefensión de quienes
se hayan podido acoger ante nuevos propietarios que intentan ignorarla".
También pide la introducción del derecho de tanteo y retracto para quienes,
habiéndose acogido, puedan estar en disposición de adquirir de nuevo la
vivienda, así como la opción de que la administración la compre como parque
púbico.
Podemos y Sumar
reivindican la medida
Entretanto, en el Congreso, tanto Sumar como Podemos han reivindicado la
iniciativa como suya.
"Nos congratulamos de que el PSOE cumpla los compromisos a los que
llega con nosotros", ha subrayado el portavoz de Podemos en el Congreso,
Javier Sánchez, para quien "lo fundamental es que se otorgue plena
seguridad jurídica a los afectados y no se deje ningún resquicio para que
ningún juez sin sensibilidad social actúe a favor de la banca que
desahucia".
El portavoz de Podemos ha criticado, no obstante, que el Gobierno haya
"llevado casi al límite" esta prórroga, lo que ha producido "a
muchas familias mucho estrés y ansiedad por no saber qué iba a pasar", ha
explicado.
Por su parte, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha señalado que esta es
una de las "cuestiones que demuestran quién es el pulmón que lleva la
iniciativa política en el Gobierno" y que, el Real Decreto, "aún
siendo importante, es un parche".